agosto 31, 2017

Un futuro para todos


Cuando la capacidad de asombro, ya parecía agotada, nuevamente  nos sorprendimos, indignamos y preocupamos con la dilapidación de recursos públicos, que se gastan en pensiones de invalidez en las fuerzas armadas. Sorprende comprobar lo que ya sabíamos, no solo la cuantía de dichas pensiones, sino los motivos para recibirlas; indigna ver a personas condenadas por graves delitos, premiados con injustas y abultadas prebendas; preocupa saber qué hay algunos que reciben hasta cuatro pensiones simultáneas.



Nuestras fuerzas armadas y de orden, debieran ser el baluarte moral y ético de la nación, como alguna vez nos prometieron en los aciagos días de la dictadura. Estos abusos no solo son inaceptables, reprobables y seguramente ilegales, sino que es una burla a la democracia. El alto estándar ético exigido con justa razón a los funcionarios públicos, políticos y autoridades, debe ser mucho más exigente con quienes tienen el deber de protegernos y gozan del monopolio de las armas.

Hay algunos que amparados en supuestas razones humanitarias, insisten en justificar y amparar a personas condenadas por nuestros tribunales por atroces y brutales crímenes contra la humanidad, que se oponen incluso a terminar con Punta Peuco. Hablamos de delincuentes vinculados a la tortura, violación, desaparición y detenciones forzadas de hombres, mujeres e incluso niños, que son premiados con pensiones que no recibe el resto de los chilenos y chilenas.

Hoy cuando se discute respecto a cuál es el mejor sistema de jubilación posible y se presenta un proyecto de Ley que crean un Nuevo Ahorro Colectivo, como base de Mejores Pensiones para Chile, queda más en evidencia el abuso de algunos. Era necesario revisar las pensiones y los privilegios carcelarios no solo en el futuro, sino las actuales, por eso es importante y valorable las propuestas del gobierno.


Es cierto que los derechos adquiridos no se pueden conculcar, pero todo tiene un límite. Engañar, simular enfermedades, burlar todos los estándares no puede ser premiado con jugosas e indignantes pensiones. El futuro debe ser digno, para todos los que ayudaron de una u otra forma a construir nuestro país.

La salud no espera


Una de las mayores preocupaciones que manifiestan los chilenos en todas las encuestas, es el tema de la Salud. La atención oportuna, humana y de calidad es prioritaria para cualquier familia, ya que sabemos bien el drama que significa enfermarse, accidentarse o tener una patología compleja. Los bingos, completadas y peñas solidarias en beneficio de algún niño, adulto o anciano que no puede cubrir el costo de un tratamiento, se multiplican cada fin de semana en barrios populares y en amplios sectores de la clase media.


La implementación de políticas públicas en salud, han sido exitosas y reconocidas a nivel mundial, como el AUGE o GES, que asegura acceso a tratamientos oportunos, de calidad y con protección financiera. La “Ley Ricarte Soto” que ha beneficiado a 4.430 personas sin cobro alguno en 14 problemas de Salud. La Ley de Etiquetado de Alimentos, una de las políticas de nutrición más importantes de los últimos 50 años, los programas de vacunación, la construcción de 20 nuevos hospitales y otros 40 en proyecto, los 332 nuevos establecimientos para atención primaria, los programas de formación de 4 mil nuevos médicos especialistas, son hechos concretos y verificables. Nadie puede dudar de los esfuerzos y logros en esta materia, pero aun así un malestar persiste en la ciudadanía.

Las largas, tediosas y a veces humillantes listas de espera en el sistema público, es una problemática particularmente compleja para el sistema de salud, donde se pone en evidencia el complejo diálogo entre los niveles primario y secundario de atención. Buscar una solución, no pasa por medidas populistas ni menos por manipular cifras, como lo demostró un informe de contraloría, sobre la supuesta “eliminación de las listas de espera AUGE”, en el gobierno de Piñera.

Hay soluciones técnicas posibles de llevar a cabo, como implementar plataformas online, Hospitales Itinerantes, Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria, aumentar la disponibilidad de horas médicas, consultas de especialistas en la propia Atención Primaria de Salud, entre otras. También debemos fiscalizar las horas médicas de producción en hospitales públicos, crear un programa de capacitación a los equipos de salud, establecer Médicos Gestores en cada Centro de Salud Familiar, además de buscar en conjunto con los usuarios del sistema de salud, mediante políticas de participación ciudadana, soluciones generales y particulares que ayuden a disminuir, para luego terminar con las listas de espera.


No es magia, no es parafernalia ni marketing, es continuar y mejorar poniendo en el centro no solo al aparato público, a los médicos y funcionarios, sino a las personas que piden, exigen y merecen calidad, oportunidad y sobre todo un trato digno, humano y eficiente en el momento que más lo necesitan.  Basta de palabras bonitas, es hora de hacer y no de prometer, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país se lo merecen.

Patente de Corso o el arte de lo imposible


En la antigüedad, se otorgaba “patente de Corso” a arriesgados patriotas y heroicos marinos, para que asaltaran y robaran naves enemigas a nombre del Rey. El botín era repartido de común acuerdo, entre el dueño del barco “corsario” y la autoridad legítima de la época. A veces estos piratas con permiso, se olvidaban de repartir el botín con su Rey y se convertían –de la noche a la mañana- en forajidos. Las víctimas, en cambio,  siempre consideraron a estos “emprendedores” como simples asesinos, salteadores y violadores.

En nuestra época, ya no es tan bien visto el que roba, desfalca, se colude o recibe “dadivas”, aunque sea a nombre del Rey, la causa, Dios o el Diablo. El fin hace tiempo que no justifica los medios, por muy loables, patriotas y necesarios que sean estos. La línea divisoria entre una “causa justa” y un delito común, no se diferencia solo por quien se queda con el dinero “mal habido” ni a que buena causa se destina; el robo es robo, la coima es inmoral, la colusión es delito y el bribón siempre es un bribón.

Nuestro país está acostumbrado a los dobles discursos, a la moral y a la ética acomodaticia, al acusar al otro y no mirarse en el espejo. Es justo recordar, que antes de la ley de Divorcio, se mentía al sistema judicial con testigos falsos, simulando una nulidad por “incompetencia del oficial civil”. Todos sabían que era una treta, una salida a la Chilena, pero el sistema funcionó hasta el año 2004, legitimando y promoviendo la “pillería del chileno”.

Hasta el año pasado (abril del 2016), el financiamiento de la política tenía lados oscuros, ilógicos que rayaban con el cohecho institucionalizado. Los partidos políticos, las campañas y los candidatos, podían recibir “aportes reservados” de empresas con o sin fines de lucro. Empresarios “altruistas”, aportaban a campañas de casi todo el espectro con generosas donaciones, haciéndonos creer que ni siquiera el candidato sabía el origen de los fondos. Era legal, sabido, defendido y fomentado por el Estado en su conjunto. Nadie se extrañaba de ver hasta el último rincón de Chile con “palomas”, gigantografías, afiches y lindos regalos a diestra y siniestra, financiados con la “patente de corso”.  


Hoy los corsarios pasaron a ser simples piratas y se quiere quemar en la plaza del pueblo a los que tenían permiso del Rey. Todos se llenan la boca con la repudiada palabra “corrupción”, señalando con el dedo, la mano, el brazo y el cuerpo, a los antaños héroes de sus sectores. El problema es que en nuestra sociedad, en el mundo público, privado, eclesiástico, uniformado, político permitimos y aceptamos pequeñas “patentes de corso” y nadie dice nada, ejemplos… mire a su derecha, izquierda, arriba y abajo.